La denuncia en Suecia por la compra de los Gripen: entre el debate político y la ausencia de pruebas públicas.

Tomada De Saab

Por: Leonardo Bermudez.

Una solicitud de investigación presentada ante la Fiscalía sueca menciona riesgos y hechos públicos, pero carece de evidencia documental verificable. Mientras tanto, el caso se ha convertido en argumento político en el contexto electoral colombiano.

La solicitud de investigación elevada en Suecia sobre la compra de los aviones de combate Gripen por parte del Gobierno colombiano ha generado un debate intenso y polarizado. La solicitud, presentada apenas tres días después de firmarse el contrato, fue tratada en varios medios nacionales como si hubiera desencadenado una investigación formal. Pero la documentación disponible muestra un panorama mucho más complejo, donde coexisten referencias legítimas a riesgos del sector defensa, antecedentes internacionales, elementos verificables y una ausencia casi total de pruebas materiales que sustenten las acusaciones específicas.

El 15 de noviembre de 2025, Colombia formalizó el contrato para adquirir 17 aviones Gripen E/F fabricados por Saab, una compra que representa uno de los mayores movimientos de modernización militar en la historia reciente del país. Tres días después, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, radicó ante la Riksenheten mot korruption (Fiscalía Anticorrupción de Suecia) una solicitud de 18 páginas solicitando la apertura de una investigación preliminar por posible soborno transnacional, citando el Capítulo 10 del Código Penal sueco, que regula el soborno de funcionarios extranjeros.

La solicitud incluye menciones específicas: la presencia de la Primera Dama de Colombia en Suecia en momentos relevantes para la negociación; el reconocimiento internacional de la industria de defensa como un sector de alto riesgo para prácticas de soborno; y la hipótesis de que alguna ventaja indebida pudo haberse originado desde estructuras suecas o del ecosistema empresarial vinculado a Saab.

La Fiscalía sueca confirmó haber recibido el documento, pero no ha anunciado la apertura de una investigación formal, ni citaciones, ni registros de actuaciones judiciales.

Ese contraste —una denuncia recibida pero no tramitada como investigación penal— no evitó que varios sectores políticos y medios de comunicación en Colombia titularan la noticia como si Suecia ya hubiese iniciado un proceso judicial contra el Gobierno o contra Saab.

El vacío probatorio público y el sistema legal sueco.

Aunque la solicitud se fundamenta en hechos de dominio público y en alertas internacionales sobre riesgos del sector, no incluye evidencia material directa que permita verificar las acusaciones: no aparecen registros bancarios, transferencias identificadas, contratos de intermediación nominales, comunicaciones corporativas verificadas, testimonios juramentados, ni documentos internos filtrados de Saab o del Gobierno colombiano que demuestren pagos ilícitos o estructuras de soborno.

Tampoco se especifica qué rol concreto habría desempeñado la Primera Dama más allá de su presencia en Suecia, ni se identifican beneficiarios específicos del presunto esquema de corrupción.

Este vacío no es un detalle menor. En el sistema legal sueco, la Fiscalía no está obligada a investigar toda denuncia recibida. Bajo el principio de “sospecha razonable” (skälig misstanke), establecido en el Código de Procedimiento Judicial, la carga inicial de aportar evidencia verificable recae en el denunciante, no en el Estado. La Fiscalía solo puede abrir una investigación preliminar si el material presentado alcanza un umbral mínimo de indicios que sugieran la comisión de un delito.

Sin esa base probatoria, la autoridad carece de fundamento legal para iniciar actuaciones y no está facultada para buscar pruebas por su cuenta. Este diseño institucional protege al sistema judicial sueco de ser instrumentalizado mediante denuncias políticas sin sustento material, algo especialmente relevante en casos que involucran gobiernos extranjeros o contratos internacionales sensibles.

En el caso del Gripen, el documento presentado no alcanza ese umbral. Por eso la Fiscalía ha confirmado únicamente la recepción del material, pero no ha anunciado investigación, citaciones, solicitudes de cooperación internacional o medidas cautelares. En términos jurídicos suecos, no hay caso porque no hay base probatoria mínima. La solicitud permanece como una petición ciudadana sin efecto procesal.

Antecedentes de Saab: un contexto relevante.

La mención del sector defensa como área de riesgo no es gratuita. La empresa Saab ha sido objeto de investigaciones y denuncias previas relacionadas con contratos militares en Brasil, República Checa y Sudáfrica. Aunque varios de esos casos terminaron archivados o no derivaron en condenas, ilustran que el modelo de negocio de exportaciones militares ha estado bajo escrutinio internacional.

En respuesta, Saab implementó desde mediados de la década de 2010 políticas públicas de “tolerancia cero” contra el soborno y programas de cumplimiento normativo auditados externamente, según consta en sus reportes corporativos. Sin embargo, la opacidad inherente al sector de defensa —donde contratos, comisiones y estructuras de intermediación no siempre son transparentes— dificulta la verificación externa de esos mecanismos.

Este contexto añade legitimidad a las preocupaciones sobre posibles irregularidades en cualquier contrato militar, pero no constituye por sí mismo prueba de corrupción en el caso colombiano.

La dimensión política del caso.

El contexto colombiano añade otra capa a esta controversia. Enciso, voz crítica habitual del Gobierno, presentó la solicitud en un momento de notable polarización de cara a las elecciones de 2026. La solicitud fue rápidamente convertida en argumento político: líderes de oposición pidieron suspender el contrato, solicitaron auditorías internacionales y recurrieron incluso a Estados Unidos para intentar frenar la exportación del motor F414G, componente fundamental del Gripen.

La cercanía entre la firma del contrato, la radicación de la solicitud y su amplificación mediática fortalece la percepción de que la controversia tiene un componente político estratégico, además de cualquier posible fundamento técnico o jurídico.

Del lado del Gobierno, tanto el Ministerio de Defensa como la Presidencia han defendido la transparencia del proceso y señalan que Suecia no ha iniciado ninguna investigación formal. Saab, consultada por medios nacionales e internacionales, reiteró que opera bajo estrictos estándares de cumplimiento y que no tiene conocimiento de irregularidades en la adquisición por parte de Colombia.

Los escenarios posibles.

Con la información disponible, los escenarios jurídicos posibles son acotados. La Fiscalía sueca podría cerrar el asunto indicando que no existe fundamento suficiente para abrir una investigación formal, algo frecuente cuando las solicitudes carecen de evidencia verificable. También podría realizar una revisión administrativa preliminar sin consecuencias penales.

El escenario de una investigación formal con citaciones o embargos documentales es remoto sin la aparición de nueva evidencia. No obstante, la naturaleza reservada del sector defensa hace que la posibilidad de elementos no públicos siempre exista.

La controversia alrededor del caso Gripen expone la tensión entre el escrutinio legítimo de la gestión pública y la instrumentalización política de denuncias sin sustento probatorio. Es razonable que organizaciones anticorrupción señalen riesgos en sectores históricamente vulnerables. Pero la línea entre advertencia y acusación comprobada no se cruza con hipótesis ni con recortes de prensa: se cruza con evidencia.

Presentar una solicitud ante una autoridad extranjera no equivale a probar un delito, ni obliga a esa autoridad a investigar. En el sistema sueco, sin evidencia material que alcance el umbral de sospecha razonable, no existe la posibilidad de un caso judicial. Con la información pública disponible, el caso permanece en el terreno del debate político y mediático más que en el de un expediente penal estructurado.

Esto no excluye que puedan surgir datos nuevos en el futuro, especialmente en un sector donde la transparencia es limitada. Pero a día de hoy, el reto para el periodismo —y para la opinión pública— es analizar estos episodios sin confundir alertas de riesgo con pruebas de corrupción, ni estrategia política con investigación judicial.

En última instancia, el caso Gripen plantea una pregunta incómoda: ¿cuándo el escrutinio legítimo se convierte en instrumentalización política sin fundamento? La respuesta sigue siendo la misma: en las pruebas verificables. Y por ahora, esas pruebas no existen en el dominio público. Sin ellas, en Suecia, no hay caso posible.

Este análisis se basa en documentación pública disponible hasta el 20 de noviembre de 2025. Las conclusiones pueden actualizarse si surgen nuevos elementos probatorios o si la Fiscalía sueca emite pronunciamientos oficiales sobre la solicitud presentada.