Transparencia sin precedentes: lo que significa que Petro pidiera publicar su informe financiero

Por Leonardo Bermudez.

Colombia está acostumbrada a que los informes financieros de los presidentes permanezcan en la sombra: reservados, sellados, archivados. Por eso, lo ocurrido con el análisis de la UIAF sobre las cuentas bancarias de Gustavo Petro marca un giro inesperado en la relación entre poder político y transparencia.

Tras la inclusión de su nombre en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos —conocida coloquialmente como Lista Clinton—, Petro respondió con una medida poco común en la política colombiana: solicitó públicamente que se divulgara el informe de la UIAF sobre sus movimientos bancarios. Declaró que no tenía nada que ocultar y que estaba dispuesto al escrutinio total.

A partir de esa instrucción, el documento comenzó a circular entre medios nacionales que accedieron a su contenido. Lo que hoy conoce el país proviene de estas publicaciones periodísticas. La UIAF no ha publicado el informe completo con sus anexos en su portal institucional como documento oficial de acceso público, aunque permitió que los medios accedieran a la información tras la solicitud presidencial.

En la práctica: la transparencia se activó por decisión de Petro y se canalizó a través de la prensa.

El contenido revelado incluye cuentas bancarias del presidente, ingresos correspondientes a su salario oficial, pagos de hipoteca, compras de divisas, gastos en el exterior y consumos que han generado debate público, incluyendo compras en marcas de lujo. La UIAF es explícita en su advertencia: "la información solo representa la existencia de transacciones; no es posible concluir que estén asociadas a hechos delictivos o intenciones de ello".

Pero más allá de los números —y del debate sobre ciertos gastos—, lo importante es el precedente político.

No se conoce que otro presidente colombiano haya solicitado voluntariamente que un informe de inteligencia financiera sobre sus cuentas personales se hiciera público de esta manera. Incluso en momentos de crisis, investigaciones o cuestionamientos, la reacción histórica del poder fue la reserva, no la exposición. La transparencia espontánea no hacía parte del manual político.

Esta vez ocurrió lo contrario. El presidente ordenó que se conociera lo que una de las entidades más sensibles del Estado había encontrado sobre él, sabiendo que cada gasto, retiro o movimiento sería analizado y usado políticamente. Lo hizo en un momento de tensión internacional y bajo la presión mediática más intensa de su mandato.

¿Fue un gesto de convicción democrática o una jugada política? Probablemente ambas cosas. La decisión neutraliza suspicacias, proyecta limpieza y pone a sus opositores en posición incómoda. Pero también establece un estándar nuevo, uno que sus aliados y futuros gobiernos tendrán que enfrentar.

La pregunta más relevante que deja este episodio no es sobre Petro, sino sobre el país: si un presidente puede exponer su información financiera de esta forma, ¿por qué no lo hacen todos los altos funcionarios? ¿Por qué no el Congreso, los ministros, los gobernadores, los directores de entidades, los altos mandos militares?

En un país marcado por décadas de corrupción y opacidad institucional, esta divulgación —voluntaria, sin precedentes claros y políticamente arriesgada— modifica el estándar de lo exigible. La transparencia radical dejó de ser una aspiración y se convirtió en un acto concreto, verificable, replicable.

No es una práctica habitual en Colombia. Nunca lo ha sido. Y quizás por eso genera tanto impacto.

Ahora queda por ver si este precedente se convierte en norma o si termina siendo un episodio aislado, un gesto singular en medio de una crisis. La manera en que el país responda dirá mucho sobre su disposición a sostener una conversación más profunda sobre transparencia en el servicio público.

Mientras tanto, la pregunta persiste: si el presidente pudo poner sus cuentas a la luz pública, ¿por qué el resto del poder político sigue escondiendo las suyas?