El exterminio de la Unión Patriótica: desapariciones, torturas y desplazamiento forzado
- leonoticias24
- 23 nov 2025
- 15 Min. de lectura
Por: Leo Bermúdez / Leo Noticias
Reportaje histórico con base en fuentes judiciales, académicas y de derechos humanos
La arquitectura del terror: cuando matar no bastaba
El exterminio de la Unión Patriótica no se expresó solo en asesinatos. Como han documentado la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra la UP combinó desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos masivos y exilios forzados con un objetivo preciso: borrar de la vida pública a un partido que había demostrado que podía disputar el poder por la vía electoral.
La Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad registran más de 8.300 víctimas entre homicidios, desapariciones, torturas, amenazas, exilios y desplazamientos. En su sentencia de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acreditó 3.172 homicidios, 1.596 desplazamientos forzados, 521 desapariciones forzadas y 285 víctimas de atentados o tentativas de homicidio. El CNMH había documentado hasta 2018 un total de 544 desapariciones forzadas. Las cifras de la Corte corresponden al universo de víctimas litigadas ante el sistema interamericano; los informes del CNMH y de la JEP amplían ese total por encima de las 8.000 personas.
La Corte Interamericana, la JEP, la Fiscalía y el CNMH coinciden: no fueron hechos aislados, sino una estrategia sostenida ejecutada por estructuras paramilitares con participación, tolerancia o aquiescencia de sectores estatales. El objetivo era impedir que la izquierda legal se consolidara como fuerza nacional. La Corte Interamericana caracterizó estos hechos como un genocidio político, categoría reconocida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aunque no contemplada en el Estatuto de Roma, dado que el exterminio fue dirigido específicamente contra un grupo político organizado de manera legal.
El éxito que firmó la sentencia: los logros electorales de la UP.
Para comprender la magnitud del exterminio es necesario entender primero el éxito político que lo provocó. La Unión Patriótica nació el 28 de mayo de 1985 en medio de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Lo que comenzó como una plataforma para la incorporación política de guerrilleros desmovilizados se transformó rápidamente en un movimiento amplio que atrajo a sectores del Partido Comunista, liberales disidentes, líderes sindicales, profesores, campesinos y activistas que vieron en la UP una oportunidad histórica de participación democrática fuera del bipartidismo tradicional.
Con apenas cuatro meses de campaña, la UP logró resultados que conmocionaron al establecimiento político. En las elecciones parlamentarias del 9 de marzo de 1986, la UP y sus listas en coalición eligieron alrededor de 14 congresistas para Senado y Cámara (las fuentes oscilan entre 14 y 15 según se contabilicen curules propias o en coalición), 18 diputados y más de 300 concejales, además del nombramiento de unas dos decenas de alcaldes municipales. En las presidenciales del 25 de mayo de 1986, su candidato Jaime Pardo Leal obtuvo 328,752 votos, alrededor del 10% de la votación nacional, consolidándose como la tercera fuerza política del país. Era el porcentaje más alto alcanzado por un partido independiente en la historia de Colombia hasta ese momento.
Era la primera vez que un partido de izquierda participaba oficialmente a nombre propio, desafiando la hegemonía del bipartidismo que había controlado el país durante el Frente Nacional y después. Los resultados demostraron que existía un electorado significativo dispuesto a votar por una alternativa de izquierda si se le ofrecían garantías democráticas.
Pero fue en 1988, con la primera elección popular de alcaldes en la historia de Colombia, cuando la UP alcanzó su punto más alto y cuando la violencia llegó a su pico más brutal. El 13 de marzo de 1988, la UP se consolidó como tercera fuerza política nacional al obtener 16 alcaldías propias, 95 alcaldías en coalición con otras fuerzas, 18 diputados, tres consejeros de comisarías y 368 concejales en coalición. En municipios estratégicos como Segovia y Remedios en el nordeste antioqueño, la UP había ganado seis de las diez curules de los concejos municipales en 1986.
Este éxito no fue casual. Representaba años de trabajo organizativo en territorios donde las comunidades campesinas, mineras y sindicales encontraron en la UP un vehículo para canalizar sus demandas históricas de reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, servicios públicos dignos y un modelo económico que no dependiera exclusivamente del capitalismo global. La plataforma programática de 20 puntos del partido recogía estas aspiraciones.
Como lo determinó la Corte Interamericana en su sentencia, "como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP". La respuesta no fue electoral. Fue letal.
Apenas cuarenta días después de la posesión de los nuevos congresistas en 1986, el representante a la Cámara por la UP, Leonardo Posada Pedraza, fue asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto. Era el comienzo de una sucesión de homicidios que no cesaría durante más de dos décadas.
Desapariciones forzadas: el crimen sin cuerpo ni duelo.
En regiones como el Magdalena Medio, Urabá, Meta y Catatumbo, los paramilitares instalaban retenes armados con listas de militantes de la UP. El patrón era sistemático: los militantes que viajaban por carretera eran obligados a bajar del vehículo. Algunos eran dejados ir después de intimidaciones. Otros eran subidos a camionetas sin identificación y nunca volvieron a aparecer.
Las investigaciones judiciales revelaron que varios de estos retenes operaban en coordinación con agentes estatales que facilitaban las desapariciones o directamente entregaban personas a estructuras paramilitares. Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad describen operaciones conjuntas donde militantes de la UP eran capturados por unidades militares, interrogados ilegalmente y posteriormente entregados a grupos paramilitares. En algunos casos, la inteligencia militar señalaba a líderes de la UP como "auxiliadores de la guerrilla" para justificar su captura y posterior desaparición.
El caso más documentado ocurrió en Urabá y el nordeste antioqueño. En Segovia, Remedios, Apartadó y Turbo, los paramilitares desaparecieron a decenas de militantes después de las masacres. Los sobrevivientes capturados nunca fueron encontrados. Las investigaciones hablan de entierros en fosas comunes, cuerpos arrojados a ríos como el Cauca y cementerios clandestinos en fincas ganaderas. Este patrón convirtió la desaparición forzada en una herramienta no solo para eliminar físicamente a los líderes, sino para aterrorizar y despoblar territorios enteros de militantes. La desaparición dejaba a las familias en una situación de incertidumbre permanente que impedía el duelo y perpetuaba el terror de manera más efectiva que el asesinato público.
Tortura: cuando el cuerpo era el mensaje
Además de matar y desaparecer, las estructuras paramilitares utilizaron la tortura sistemática como método de castigo ejemplar y mensaje político. Las organizaciones de derechos humanos documentaron casos de descargas eléctricas, golpizas brutales, mutilaciones, simulacros de fusilamiento y violencia sexual, especialmente contra mujeres militantes.
Los paramilitares justificaban estas prácticas ante sus financiadores como "interrogatorios" necesarios para obtener información sobre redes guerrilleras. En realidad, según concluyó la Corte Interamericana, eran un mecanismo de terror político diseñado para desmontar cualquier estructura organizativa del partido y disuadir a potenciales simpatizantes de participar en política. Las amenazas también se extendían sistemáticamente a las familias. Hijos, esposas, hermanos y padres de militantes recibían advertencias de que sufrirían el mismo destino si no abandonaban sus territorios o si continuaban con la actividad política. En varios casos documentados, niños fueron amenazados directamente frente a sus padres como método de presión psicológica.
Desplazamiento forzado: expulsar la democracia del territorio
Miles de familias enteras de militantes de la UP se vieron obligadas a abandonar sus municipios. Después de masacres como la de Segovia en noviembre de 1988 o la de El Castillo en el Meta, cientos de familias huyeron en éxodos que dejaron concejos municipales vacíos, sedes partidarias abandonadas y líderes pidiendo refugio humanitario en otras regiones o países.
En decenas de municipios, la UP desapareció no solo por asesinatos selectivos sino por desplazamientos masivos coordinados. La violencia logró lo que no lograron las urnas: vaciar de contenido político territorios donde la UP había ganado elecciones democráticamente. El desplazamiento cumplía un objetivo estratégico: revertir victorias electorales sin necesidad de volver a las urnas.
El exilio también fue una forma de desplazamiento político forzado. México, España, Francia, Holanda y Suecia recibieron a decenas de dirigentes que huyeron tras intentos de asesinato. Muchos de ellos nunca regresaron. Entre los exiliados estaba Rita Ivonne Tobón, la primera alcaldesa elegida popularmente por la UP, quien tras la masacre de Segovia se vio obligada a abandonar el país para salvar su vida.
Alcaldes asesinados: cuando gobernar era una sentencia de muerte
Mientras los asesinatos de figuras nacionales como Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo Ossa (1990) captaron la atención nacional e internacional, el nivel más devastador del exterminio ocurrió en lo local. Allí donde la UP había logrado sus victorias más contundentes, la violencia fue sistemática y silenciosa. La JEP documentó más de 5.700 víctimas entre asesinos y desaparecidos. Memoria histórica estima que fueron asesinados al menos ocho alcaldes en ejercicio, ocho exalcaldes y cerca de 109 concejales, cifras que ilustran la magnitud del ataque contra la base territorial del partido.
Sabana de Torres: el asesinato que destruyó un gobierno popular
En 1986, la UP logró un hito político en Sabana de Torres, Santander. Álvaro Garcés Parra, militante de la alianza Unión Patriótica-Frente Amplio del Magdalena Medio, fue designado alcalde gracias al control mayoritario del Concejo. Garcés impulsó participación ciudadana, denunció la presencia de estructuras paramilitares en la región y se enfrentó a ganaderos y políticos tradicionales que controlaban el municipio desde décadas atrás.
En la madrugada del 16 de agosto de 1987, en el marco de las fiestas ganaderas de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra fue asesinado. Según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe No. 1/94 del caso Garcés Parra vs. Colombia, las investigaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General determinaron que un mayor y un capitán del Ejército fueron responsables de los hechos que ocasionaron su muerte. Ambos oficiales fueron destituidos mediante Resolución No. 20 del 18 de enero de 1989 (Procuraduría General de la Nación), pero la investigación penal quedó en la impunidad.
El testimonio del exsoldado Gonzalo Ortega Parra, recogido en la investigación disciplinaria, reveló que el capitán Luis Orlando Ardila le había pedido como informante seguir y vigilar al alcalde, ofreciéndole cien mil pesos para matarlo, orden que se negó a cumplir. La evidencia también mostró que cuatro sujetos vinculados al crimen ingresaron a la oficina del capitán Ardila el 15 de agosto de 1987, víspera del homicidio.
La alcaldía quedó paralizada. Concejales huyeron. La UP perdió el municipio en cuestión de semanas. Fue un golpe de Estado local ejecutado a través del asesinato selectivo con participación de miembros de las Fuerzas Armadas.
Segovia: el castigo ejemplar por votar diferente
El caso de Segovia representa quizás el ejemplo más emblemático de cómo el terror paramilitar buscó revertir victorias electorales legítimas. En marzo de 1988, en las primeras elecciones populares de alcaldes en la historia de Colombia, Rita Ivonne Tobón Areiza se convirtió en la primera mujer y la primera militante de la UP en ser elegida alcaldesa de manera popular en el país. Tobón ganó en Segovia con un Concejo de mayoría absoluta de la UP, resultado de años de trabajo organizativo sindical y comunitario en un municipio minero del nordeste antioqueño.
El triunfo duró menos de ocho meses.
La noche del viernes 11 de noviembre de 1988, un comando de paramilitares del grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), bajo órdenes de Fidel Castaño y con el apoyo de élites regionales, entró al municipio con listas de militantes. El grupo paramilitar, conformado por aproximadamente treinta hombres según testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, recorrió el pueblo disparando indiscriminadamente. Mataron a 46 personas, hirieron a más de 50 y dejaron un mensaje inequívoco de terror.
La investigación de Amnistía Internacional, documentada en su informe de 1996, estableció que "miembros activos del Batallón de Infantería N° 42 'Batalla de Bomboná' y del XII Distrito de Policía de Segovia llevaron a cabo varias de las acciones terroristas previas a la masacre y participaron de su planeación". El informe también reveló que folletos amenazantes firmados por paramilitares, que habían circulado semanas antes de la masacre, fueron mecanografiados en máquinas de escribir pertenecientes al Batallón Bomboná.
Días antes de la masacre, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional y ratificados por la propia Rita Ivonne Tobón en entrevista con el portal Kien & ke en 2011, la alcaldesa recibió amenazas directas del entonces comandante de la III División del Ejército, general Farouk Yanine Díaz, quien le advirtió sobre un ataque inminente.
El 26 de octubre de 1988, apenas dos semanas antes de la masacre, miembros de la policía y el ejército junto con individuos armados vestidos de civil realizaron un simulacro de ataque guerrillero durante el cual dispararon sus armas al azar mientras introducían folletos titulados "La Voz de la Verdad", firmados por "Los Realistas", por debajo de las puertas de viviendas de Segovia. Un examen pericial de estos folletos reveló que habían sido mecanografiados con una máquina de escribir perteneciente al Batallón Bomboná.
La Corte Suprema de Justicia colombiana condenó en julio de 2013 al político liberal César Pérez García a 30 años de prisión como determinador intelectual de la masacre. La sentencia estableció que Pérez García había gestionado el ataque con Fidel Castaño y el ganadero Henry Pérez como una contraofensiva hacia la población por haber votado por la UP y para evitar que el partido controlara las rentas derivadas de la explotación aurífera en la región. Según el testimonio del líder paramilitar Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir, el congresista Pérez García "gestionó la masacre con Fidel Castaño y el ganadero Henry Pérez, como una contraofensiva hacia la población por haber votado por la UP".
El mensaje era inequívoco: aquí no se vuelve a votar por la UP. La alcaldía quedó políticamente asfixiada. Dirigentes renunciaron o huyeron. La UP nunca recuperó el control del municipio. El paramilitarismo tomó control de la zona por décadas.
Los concejales: la red de liderazgo aniquilada
Si los alcaldes representaban el rostro visible del poder local de la UP, los 109 concejales asesinados representaban la base política del partido, la red de liderazgos comunitarios que sostenía su presencia en los territorios. Los concejales fueron asesinados saliendo de sesiones del concejo municipal, en sus casas, en bares, en retenes paramilitares. El asesinato de concejales generó un efecto dominó: en muchos municipios, la muerte de un concejal provocaba la renuncia preventiva de otros, dejando a la UP sin representación en corporaciones que había ganado democráticamente.
Antonio Quiroz Rivero, concejal de la UP en Valledupar, fue asesinado el 11 de abril de 1987 en el municipio de Becerril, Cesar. Era un líder comunitario clave en proyectos agrarios de la región. Rafael Antonio Duarte, presidente comisarial en el Guaviare, fue asesinado en medio de la expansión paramilitar después de liderar denuncias sobre despojo de tierras y redes políticas ilegales en la región.
Gildardo Castaño Orozco, docente y concejal de Pereira, fue asesinado el 6 de enero de 1988 por paramilitares conocidos como "Los Magníficos". José Francisco Ramírez Torres, dirigente regional de la UP en Cesar quien había presidido el Paro Cívico del Nororiente en rechazo a las reformas políticas del gobierno nacional y a los abusos de autoridad por parte de las fuerzas militares, fue asesinado por sicarios en moto el 27 de junio de 1987, apenas días después de concluir las protestas.
En muchos municipios, la muerte sucesiva de concejales dejó concejos sin oposición política. Otros concejales renunciaron preventivamente para salvar sus vidas, cumpliendo el objetivo estratégico del exterminio: vaciar de contenido político las victorias electorales sin necesidad de revertirlas formalmente.
Yolanda Izquierdo: la continuidad del exterminio en el siglo XXI
Aunque no pertenecía formalmente a la Unión Patriótica, el asesinato de Yolanda Yamile Izquierdo Berrío el 31 de enero de 2007 demuestra que la lógica del exterminio no terminó en los años noventa. Su caso conecta directamente con la misma estructura de poder que destruyó a la UP. Aunque no militaba en la UP, su asesinato revela la continuidad del mismo patrón de violencia política y económica dirigido contra líderes que cuestionaban el poder territorial paramilitar.
Izquierdo era una lideresa campesina de Córdoba que había logrado conseguir vivienda para cerca de 2,000 familias desplazadas entre 1997 y 1998, presentando proyectos que fueron respaldados por la Alcaldía de Montería. Para 2007, se había convertido en la vocera de más de 800 familias que reclamaban la devolución de tierras que les fueron arrebatadas por paramilitares en la década de los noventa, específicamente tierras entregadas por la Fundación para la Paz de Córdoba (FUNPAZCOR), la ONG creada por Fidel Castaño.
Durante el proceso de Justicia y Paz, Izquierdo participó activamente en las versiones libres del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, denunciando públicamente a los despojadores de tierras. En diciembre de 2006, según documentó el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, recibió advertencias de que en Medellín habían pagado para matarla. El 22 de diciembre denunció ante la Fiscalía: "nos informaron que había una orden para matar a la mujer que coordinaba a las víctimas de FUNPAZCOR, o sea a mí".
Los días 25, 26, 29 y 30 de enero de 2007, Izquierdo acudió desesperadamente a la Fiscalía, el DAS, la Defensoría y la Procuraduría pidiendo protección. Según testigos recogidos por El Tiempo, dos días antes de su asesinato lloró ante una funcionaria de la Fiscalía 13 de Montería mientras le pedía que hicieran algo por ella y Manuel Argel, el campesino que la acompañó a las versiones libres de Mancuso. La respuesta fue burocrática: "No puedo hacer nada, vuelva el viernes".
El 31 de enero, un sicario le disparó frente a su casa en el barrio Mi Ranchito de Montería mientras esperaba a su esposo Francisco Torregrosa. Izquierdo murió al instante. Su pareja resultó gravemente herido pero sobrevivió.
En marzo de 2023, la Fiscalía capturó a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, exparamilitar cercano a los hermanos Castaño, como determinador del homicidio. La investigación estableció que Monoleche había contactado al sicario alias Jawi para que ejecutara el crimen. En diciembre de 2024, la Fiscalía presentó resolución de acusación con suficiente material probatorio para llevar a juicio a Monoleche y otras personas implicadas.
El asesinato de Yolanda Izquierdo demuestra que quienes defendían agendas similares a las de la UP (tierra, derechos, memoria, participación popular, reclamos contra el despojo) seguían siendo blanco de la misma estructura de poder mafiosa-territorial que había exterminado al partido dos décadas antes. Su muerte, ocurrida en pleno proceso de desmovilización paramilitar, revelaba que las estructuras criminales seguían operando con capacidad letal contra líderes sociales.
Responsables: una alianza criminal con respaldo estatal
La evidencia judicial acumulada en tres décadas de investigaciones, la sentencia de la Corte Interamericana, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y los testimonios de víctimas y desmovilizados paramilitares coinciden en señalar a los mismos actores como responsables del exterminio.
Las estructuras paramilitares ejecutaron materialmente la mayoría de los crímenes. Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y las estructuras del Magdalena Medio lideradas por Gonzalo Rodríguez Gacha y Henry Pérez fueron identificadas como autores materiales en decenas de casos documentados.
El narcotráfico, especialmente el cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar, financió y apoyó operaciones de exterminio, viendo en la UP una amenaza a sus intereses económicos y territoriales. La relación entre narcotráfico y paramilitarismo fue documentada extensamente en investigaciones judiciales.
Sectores de las Fuerzas Militares, la Policía y organismos de inteligencia como el DAS, el F2 y el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano participaron directamente en algunos crímenes, facilitaron operaciones paramilitares, proporcionaron inteligencia sobre objetivos y omitieron su deber constitucional de protección. La Corte Interamericana documentó casos específicos de participación estatal.
Élites económicas regionales, incluyendo ganaderos, bananeros, empresarios de la minería y terratenientes, financiaron y apoyaron estructuras paramilitares, viendo en el ascenso electoral de la UP una amenaza a su control político y económico de las regiones. Como lo estableció la Corte IDH, estos sectores formaron parte de la alianza que decidió contrarrestar por la fuerza lo que no pudieron derrotar en las urnas.
Funcionarios estatales, incluyendo políticos tradicionales y autoridades locales, encubrieron o facilitaron la operación del exterminio. La condena de César Pérez García en el caso de Segovia estableció jurisprudencia sobre la responsabilidad de políticos que actuaron como determinadores de masacres.
La Corte Interamericana fue contundente en su conclusión: "El Estado colombiano tuvo responsabilidad internacional por acción, omisión y colaboración en el exterminio del partido". Las autoridades nacionales "desoyeron las alertas sobre los riesgos a los que se enfrentaban los militantes de la UP", lo que contribuyó directamente al genocidio político. El tribunal estableció que el Estado vulneró múltiples derechos: a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la circulación y residencia, a la participación política, a la libertad de expresión y asociación, y los derechos del niño, entre otros.
El espejo incómodo: cuando la democracia se convierte en sentencia de muerte
El exterminio de la Unión Patriótica fue un genocidio político, único en América Latina por su duración (más de dos décadas), su escala (más de 6,000 víctimas documentadas por la Corte IDH, más de 8,000 según la JEP y la Comisión de la Verdad) y su sistematicidad (planes militares específicos, coordinación entre actores estatales y paraestatales, patrones repetidos en distintas regiones del país).
Se asesinó, desapareció, torturó y desplazó no solo a dirigentes nacionales con proyección política como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo o Manuel Cepeda, sino a alcaldes que ganaron elecciones legítimas, a concejales que representaban a sus comunidades en concejos municipales, a campesinos que reclamaban tierras, a profesores que enseñaban en escuelas rurales, a jóvenes que participaban por primera vez en política, a madres que defendían a sus hijos y a familias enteras cuyo único "crimen" fue intentar participar en democracia votando por una alternativa de izquierda.
El exterminio de la Unión Patriótica no fue el fracaso de un partido. Fue el fracaso de una democracia entera. El país permitió que un proyecto político nacido de un acuerdo de paz fuera masacrado hasta desaparecer, y lo hizo durante décadas, a plena luz pública, con la participación o la indiferencia de instituciones estatales, élites económicas y actores armados.
La sentencia de la Corte Interamericana en 2022 no reconstruye vidas, pero sí reconstruye la verdad: en Colombia, participar en política desde la izquierda legal fue castigado con la muerte. La democracia colombiana sobrevivió, pero más mutilada y más frágil.
El perdón de Estado en 2023, cuando el presidente Gustavo Petro pidió perdón oficialmente a las víctimas en nombre del Estado colombiano durante una ceremonia en Santa Marta, fue histórico. Lo que falta ahora —verdad completa, justicia penal, y garantías de no repetición— sigue siendo la deuda pendiente de un país cuya democracia aprendió demasiado tarde que no hay nada más peligroso que permitir que un partido sea exterminado simplemente por competir.
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