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El indulto, la ciudad privada y el narco: cómo Silicon Valley movió fichas en Honduras 

Por: Leo Bermúdez / Leo Noticias 

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (izq.) y el expresidente estadounidense Donald Trump (der.). Noticias leo / Archivo
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (izq.) y el expresidente estadounidense Donald Trump (der.). Noticias leo / Archivo

El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump firmó un indulto para Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras condenado a 45 años por traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La noticia pareció un gesto aislado, un favor político en el contexto de elecciones hondureñas. Pero una investigación sobre los actores detrás del perdón revela algo más complejo: un triángulo de intereses que conecta al operador político Roger Stone, a multimillonarios de Silicon Valley, y a una ciudad-estado privada que demanda a Honduras por 10.700 millones de dólares. 

Este no es solo un artículo sobre narcotráfico. Es sobre cómo un indulto presidencial puede ser, al mismo tiempo, una herramienta geopolítica y un instrumento de protección de inversiones privadas. 


El arquitecto del indulto 


Roger Stone —estratega político de Trump, condenado en 2019 por obstrucción y falso testimonio, e indultado por Trump en 2020— llevaba meses haciendo campaña pública por la liberación de JOH. En su programa de radio del 30 de noviembre de 2025, Stone declaró que había defendido al expresidente hondureño "durante al menos seis meses" y que lo consideraba "víctima de lawfare", según registró Media Matters. 

Ese mismo día, Stone reveló que el periodista Shane Trejo le había entregado una carta de cuatro páginas escrita por Hernández desde prisión, dirigida a Trump. "Me alegré unas tres horas después de enviar una copia de esta carta al presidente Trump para leer en Truth Social que había anunciado el indulto total e incondicional para Juan Orlando Hernández", dijo Stone en su programa, según reportó El Diario NY. 

La esposa de Hernández, Ana García, apareció en el programa de Stone para agradecerle: "Desde que empezó a hablar de este caso, usted hizo una enorme diferencia... gracias a sus esfuerzos, en parte, Juan Orlando será un hombre libre", según la transcripción publicada por Media Matters. 

Axios confirmó que Stone contactó a Trump el viernes 28 de noviembre para reiterar sus argumentos, y que horas después Trump publicó el anuncio del indulto en Truth Social, junto con su respaldo al candidato del Partido Nacional en las elecciones hondureñas del día siguiente. 


Lo que dicen los documentos oficiales 


Antes de seguir, conviene recordar por qué Hernández estaba en prisión. 

El 8 de marzo de 2024, tras un juicio de tres semanas en una corte federal de Manhattan, Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de conspiración para importar cocaína, uso de armas de fuego en apoyo al narcotráfico, y conspiración para portar armas destructivas. Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia (Distrito Sur de Nueva York), "Hernández participó en una conspiración violenta de tráfico de drogas para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su poder para proteger los cargamentos de cocaína" destinados a Estados Unidos. 

El 26 de junio de 2024, el juez P. Kevin Castel lo sentenció a 540 meses de prisión (45 años). El fiscal Damian Williams declaró: "Como presidente de dos mandatos de Honduras, Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza positiva para su país. En cambio, ayudó a facilitar la importación de unas casi inconcebibles 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos", según el comunicado del DOJ. 

El fiscal general Merrick Garland fue más directo: Hernández "abusó de su presidencia para operar el país como un narco-Estado", dijo en el mismo comunicado. 

Dato clave: El caso inicial contra JOH fue desarrollado en parte por Emil Bove, entonces fiscal federal, durante el primer mandato de Trump. Bove luego se convirtió en abogado personal de Trump antes de ser nominado como juez federal por el mismo Trump, según reportó CNN. 


La ciudad que demanda a Honduras por más de la mitad de su presupuesto 


Para entender por qué Roger Stone invirtió meses en liberar a un narcotraficante condenado, hay que mirar a Roatán. 

Próspera es una ciudad-estado privada fundada en 2017 en la isla hondureña de Roatán. Opera bajo un régimen legal llamado ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico), aprobado por el Congreso hondureño en 2013 —durante la administración de Juan Orlando Hernández— que permite a inversionistas extranjeros crear jurisdicciones autónomas con sus propios códigos civiles, comerciales y tributarios. 

Según Mother Jones, el fondo de capital de riesgo detrás de Próspera es Pronomos Capital, fundado en 2019 por Patri Friedman (nieto del economista Milton Friedman) con financiamiento inicial de Peter Thiel y Marc Andreessen. El fondo ha recaudado al menos 13.3 millones de dólares de lo que Mother Jones describe como "evangelistas del libre mercado". Balaji Srinivasan, ex-CTO de Coinbase y autor de "The Network State", figura como asesor. 

Múltiples medios —incluyendo Times of India, Liberation News, Jacobin y Gizmodo— han reportado que Thiel, Andreessen y Sam Altman son inversores en el proyecto. Sin embargo, la propia Próspera afirma en su sitio web que "no fue fundada ni respaldada por Peter Thiel, Sam Altman, Marc Andreessen, o ningún otro multimillonario de Silicon Valley" como inversores directos, aunque reconoce que ningún inversor con más del 5% de participación tiene "afiliación conocida" con ellos. La distinción parece ser técnica: Pronomos Capital (que sí tiene a Thiel y Andreessen como inversores documentados) es el vehículo que financia Próspera. 

En Próspera, según Wikipedia y el sitio oficial del proyecto, las empresas pueden elegir marcos regulatorios de 36 países diferentes o crear los propios. Bitcoin es moneda de curso legal. Los impuestos son mínimos: 1% sobre ingresos comerciales, 5% sobre salarios. El proyecto se describe a sí mismo como "un ejemplo de cómo la economía libertaria puede funcionar en la práctica". 


La demanda de 10.700 millones de dólares 


En 2021, Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras prometiendo derogar las ZEDE. En abril de 2022, el Congreso votó unánimemente para eliminar el marco legal que las permitía, argumentando que violaban la soberanía nacional. Castro calificó a Próspera como producto de un "narcorégimen" —en referencia a la administración de JOH que aprobó las ZEDE. 

La respuesta de Próspera fue demandar a Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por 10.775 millones de dólares, según documentos del caso (ARB/23/2). Esa cifra equivale a aproximadamente dos tercios del presupuesto nacional hondureño, según reportó Latin America Working Group. 

En 2024, el CIADI rechazó el argumento de Honduras de que la demanda debía ser desestimada, permitiendo que el caso avanzara, según la base de datos de disputas de inversión de la UNCTAD. Honduras respondió retirándose del CIADI, pero el proceso continúa. 

4. El triángulo Stone-JOH-Próspera 


Aquí es donde las piezas encajan. 

En enero de 2025, diez meses antes del indulto, Roger Stone publicó en su blog "Stone Cold Truth" un artículo titulado "Cómo el Presidente Trump puede aplastar el socialismo y salvar una ciudad de la libertad en Honduras". El texto conecta explícitamente el destino de Próspera con la liberación de JOH. 

Stone escribió: "El expresidente Juan Orlando Hernández fue un firme defensor de las ZEDE, apoyando reformas de libre mercado, y fue un firme aliado del presidente Trump". Luego argumentó que "un indulto bien cronometrado del expresidente Hernández por parte del presidente Trump podría ser el golpe de gracia final a Castro". 

El párrafo clave dice: "El régimen de Castro podría ser derrocado y Honduras liberada sin disparar un solo tiro ni desplegar una sola tropa, en lo que sería una victoria estratégica masiva para los intereses de Estados Unidos en la región. ¡Que el experimento Próspera prevalezca, el bien común sea salvado, y el izquierdismo global sea maldecido por la mano benevolente del Presidente Trump!" 

La secuencia de hechos es verificable: Stone pide públicamente el indulto en enero de 2025, hace lobby durante meses, entrega la carta de JOH a Trump el 28 de noviembre, y horas después Trump anuncia el perdón —dos días antes de las elecciones hondureñas donde respaldó al candidato del partido de JOH. 

Gizmodo tituló su cobertura: "Roger Stone quiere un cambio de régimen en Honduras para apoyar una cripto-ciudad tecno-colonialista". El medio citó el blog de Stone y concluyó que el indulto tenía como objetivo reinstalar a aliados del proyecto ZEDE en el poder. 


Cómo llegó un narco a ser presidente 


Juan Orlando Hernández no llegó al poder presentándose como narcotraficante. Llegó como abogado cristiano conservador, reformista institucional, aliado confiable de Washington en la guerra contra las drogas. 

Durante sus dos mandatos (2014-2022), múltiples administraciones estadounidenses lo trataron como socio estratégico. Washington proporcionó cientos de millones de dólares en ayuda militar a Honduras. En 2019, Trump declaró públicamente estar "encantado" de tener a Hernández como aliado, según registró La Tribuna de Honduras. 

Su reelección en 2017 fue denunciada como fraudulenta. Con el 57% de los votos escrutados, el candidato opositor Salvador Nasralla llevaba cinco puntos de ventaja. Entonces el sistema de conteo "se cayó". Cuando regresó, Hernández aparecía ganando. La Organización de Estados Americanos documentó "irregularidades generalizadas" y pidió nuevas elecciones. El Secretario General Luis Almagro declaró que existía una "imposibilidad de determinar con la certeza necesaria al ganador". 

Estados Unidos ignoró la recomendación de la OEA y reconoció a Hernández como presidente. 

Fue durante ese segundo mandato que las ZEDE, incluyendo Próspera, se expandieron en territorio hondureño. Cuando Hernández dejó el poder en 2022, fue extraditado a Estados Unidos —el mismo país que lo había sostenido durante ocho años. 


El doble estándar en casa 


El patrón no es exclusivo de política exterior. 

El cuñado del actual Secretario de Estado Marco Rubio, Orlando Cicilia, fue condenado en 1989 por distribuir 15 millones de dólares en cocaína como parte de una red de narcotráfico en Miami, según investigaciones del Miami New Times y The Washington Post. Cicilia fue sentenciado a 35 años y liberado en 2000. 

Rubio no tiene responsabilidad penal por ello. Pero en 2002, siendo líder de la Cámara de Representantes de Florida, escribió una carta recomendando a Cicilia para una licencia de bienes raíces sin revelar su relación familiar, según los mismos reportes. 

Y hay otro dato que conecta este caso con Honduras: según una investigación de Criterio.hn, una de las empresas de lobby que presionó por Próspera en Washington fue liderada por un asistente personal del senador Rubio. 


El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández es escoltado por agentes de policía tras su arresto en su residencia en Tegucigalpa, el 15 de febrero de 2022. Su detención se produjo por cargos de narcotráfico de Estados Unidos.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández es escoltado por agentes de policía tras su arresto en su residencia en Tegucigalpa, el 15 de febrero de 2022. Su detención se produjo por cargos de narcotráfico de Estados Unidos.

"No negociamos con terroristas"… ¿seguro?


La frase se estrella contra los hechos recientes. Varios políticos estadounidenses no tardaron en señalar la flagrante contradicción de liberar a un narcotraficante convicto mientras se mantiene un discurso de mano dura.


La congresista demócrata Norma Torres abordó el tema en una carta a Donald Trump, argumentando: "Liberar al Sr. Hernández contradice su objetivo declarado de combatir el narcotráfico y etiquetar a las bandas de narcóticos como terroristas. Si los cárteles de la droga son organizaciones terroristas, Juan Orlando Hernández es un terrorista convicto y no debe quedar en libertad", reportó CNN.


El senador republicano Rand Paul fue aún más directo: el indulto demuestra "la locura de esta política". Criticó la hipocresía de atacar presuntas narcolanchas en el Caribe mientras se libera al hombre que, según el propio Departamento de Justicia de EE. UU., facilitó el envío de 400 toneladas de cocaína.


La pregunta no flota: interpela directamente al sistema. ¿Cómo se justifica bombardear embarcaciones en el Caribe bajo la premisa de la guerra contra el narco, si simultáneamente se escolta hacia la salida de prisión a un socio confeso de esa misma empresa criminal?


El indulto como herramienta de poder


Los documentos oficiales revelan una secuencia inequívoca:

Estados Unidos juzgó y condenó a un presidente extranjero por facilitar el envío de más 400 toneladas de cocaína a su territorio.

Años después, lo liberó mediante un indulto presidencial.


Detrás de esa decisión operó Roger Stone. El estratega republicano sostuvo públicamente que la excarcelación de Juan Orlando Hernández (JOH) era necesaria para proteger una ciudad privada financiada por capital tecnológico estadounidense en Honduras.


El indulto, entonces, no fue un gesto humanitario ni una reconsideración judicial. Fue un instrumento geopolítico. Reforzó un proyecto económico, intervino en la política hondureña y reordenó alianzas. En este movimiento convergen intereses corporativos, operadores políticos y una narrativa de “guerra contra las drogas” que opera menos como doctrina moral y más como mecanismo de castigo y recompensa selectiva.


Lo ocurrido en Honduras ilustra un patrón. Mientras Próspera demanda al Estado hondureño por casi dos tercios de su presupuesto nacional; mientras continúan operaciones militares en el Caribe; y mientras Estados Unidos afirma combatir el crimen transnacional, el mismo aparato que exhibe a los narcotraficantes como amenazas existenciales libera a uno cuando resulta funcional.


El sistema no elimina al narcotraficante: lo administra. Perdona al alineado, protege al funcional y exhibe al que deja de servir. Cuando un condenado se convierte en pieza estratégica —sea para debilitar a un gobierno adversario o para salvar una inversión privada— no lo reforma ni lo neutraliza: lo reintegra al tablero y lo utiliza.


Fuentes documentales 

Condena de JOH: Departamento de Justicia de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York, comunicados oficiales del 8 de marzo y 26 de junio de 2024. 

Indulto y lobby de Stone: Axios (2 dic 2025); Media Matters (transcripción programa Stone); El Diario NY (2 dic 2025); CNN (2 dic 2025). 

Blog de Stone sobre Próspera: "How President Trump Can Crush Socialism and Save a Freedom City in Honduras", Stone Cold Truth, 24 enero 2025. 

Próspera y ZEDE: Wikipedia; sitio oficial Próspera (prosperazede.hn); Gizmodo (6 mar 2025); Jacobin (nov 2023); Latin America Working Group (mar 2024). 

Demanda CIADI: UNCTAD Investment Dispute Settlement Navigator, caso ARB/23/2; Public Citizen Global Trade Watch. 

Pronomos Capital: Mother Jones (25 sep 2024); Bloomberg (20 dic 2019); sitio oficial pronomos.vc

Elecciones Honduras 2017: Informe Final Misión de Observación Electoral OEA; declaraciones Luis Almagro. 

Caso Noriega: Senate Subcommittee on Terrorism, Narcotics and International Operations (1988). 

Caso Ríos Montt: National Security Archive, documentos desclasificados Departamento de Estado. 

Caso Cicilia/Rubio: Miami New Times; The Washington Post. 

Lobby Próspera: Criterio.hn (30 ago 2023). 

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