La fragmentación del poder en Venezuela: anatomía de un Estado roto.

Análisis documentado de cómo Venezuela pasó de Estado centralizado a territorio fragmentado donde el control se reparte entre militares, grupos armados, mafias y potencias extranjeras.

Por Leonardo Bermudez

Fragmentación del poder en Venezuela / Leo Noticias.

Durante más de dos décadas, Venezuela dejó de ser un país cohesionado para transformarse en un territorio donde el poder ya no reside en un solo actor, sino en múltiples fuerzas que lo disputan, lo negocian o lo ejercen según su alcance. El colapso no responde a una causa única, sino a la suma de deterioro institucional, corrupción masiva, errores estratégicos de la oposición y presiones externas que, al interactuar, vaciaron el Estado desde adentro y lo deformaron desde afuera.

La erosión institucional comenzó temprano, cuando el aparato del Estado empezó a reconfigurarse bajo Hugo Chávez. La expansión del Tribunal Supremo, la politización progresiva del Consejo Nacional Electoral y la depuración traumática de PDVSA tras el paro de 2002–2003 marcaron los primeros pasos hacia un Estado donde la lealtad partidista reemplazó la profesionalización. Mientras el petróleo se mantuvo caro, esa estructura funcionó, pero ya mostraba grietas profundas: las más de mil doscientas empresas expropiadas según CEDICE, los controles de cambio y de precios, y la creciente dependencia de importaciones financiadas por la renta petrolera anticipaban un sistema vulnerable que operaba solo mientras el flujo de recursos se mantuviera.

Ese sistema terminó colapsando cuando la corrupción dejó de ser un problema administrativo para convertirse en un modelo operativo. Las investigaciones sobre PDVSA documentadas por Transparencia Venezuela revelan 127 casos que comprometen más de 42.000 millones de dólares. La Banca Privada de Andorra movió 4.200 millones provenientes de redes venezolanas. Odebrecht admitió 98 millones de dólares en sobornos, luego ampliados por investigaciones posteriores a más de 142 millones. El escándalo de PDVSA-Cripto evidenció la desaparición de 21.000 millones del tesoro nacional. Las cortes estadounidenses han sentenciado a individuos en más de treinta procesos vinculados a desfalcos petroleros. Todo apunta a un patrón claro: el Estado dejó de ser una institución encargada de proveer servicios y se convirtió en un mecanismo dedicado a extraer y repartir recursos entre redes político-económicas.

Y lo documentado es apenas una parte. Análisis de flujos financieros y discrepancias contables sugieren que el desfalco real podría ubicarse entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Cuando esa masa de recursos desapareció, también desapareció la capacidad estatal para imponer autoridad, cohesión, disciplina y control territorial.

La oposición, aunque no responsable del descalabro económico de la era Maduro, sí contribuyó al agotamiento del sistema político previo. Los partidos que más tarde integrarían la alternativa opositora venían arrastrando crisis desde los años ochenta y noventa, marcados por corrupción, clientelismo y pérdida de legitimidad. Ese deterioro abrió la puerta a un liderazgo outsider que capitalizó el desgaste del antiguo sistema.

Ya en oposición, los errores estratégicos se acumularon. La abstención de 2005 entregó por completo la Asamblea Nacional al chavismo, eliminando el último contrapeso institucional importante. La abstención de 2018 dejó a Maduro sin competencia real en las urnas. La fragmentación interna, con más de veinte partidos actuando sin coordinación efectiva, impidió construir un proyecto alternativo coherente. El caso Monómeros, donde auditorías colombianas detectaron contratos irregulares, mala gestión y riesgo de insolvencia bajo control opositor, golpeó aún más su credibilidad. Las denuncias por manejo opaco de activos en el exterior profundizaron la desconfianza ciudadana. Encuestas de Datanálisis y Delphos sitúan la popularidad de los principales líderes opositores entre 7% y 13%, niveles insuficientes para competir políticamente a escala nacional.

La debilidad opositora no solo consolidó el proyecto del gobierno, sino que también facilitó que los vacíos dejados por el Estado se transformaran en espacios disponibles para otros actores. Allí donde la institucionalidad retrocedió, grupos armados, pranes, redes criminales y guerrillas colombianas avanzaron. Lo que durante los años noventa era presencia periférica se convirtió, tras el colapso económico, en control territorial de facto. En estados fronterizos la Fuerza Armada ya no entra sin negociación previa, y el monopolio de la coerción dejó de existir hace tiempo.

Mientras ese deterioro interno avanzaba, la presión externa terminó de quebrar lo que quedaba del sistema. La política estadounidense de “máxima presión”, reconocida por el entonces Secretario de Estado Mike Pompeo como una estrategia para colapsar financieramente al gobierno, convirtió una crisis ya grave en un desastre estructural. Estudios del Center for Economic and Policy Research estimaron entre 40.000 y 60.000 muertes indirectas asociadas a las sanciones. La CEPAL documentó dificultades severas para la importación de alimentos y medicinas. Investigaciones de Brookings señalaron que las sanciones aceleraron el colapso de la producción petrolera. Tras el embargo petrolero de 2019, la producción cayó de 1,1 millones de barriles diarios a menos de 350.000 en 2020 según la OPEP; los ingresos se desplomaron un 85%.

El éxodo venezolano pasó de 3,4 millones en 2018 a 7,9 millones en 2024, según la plataforma R4V coordinada por ACNUR y la OIM, uno de los mayores desplazamientos humanos de la historia reciente. La caída del salario mínimo real por debajo de los cinco dólares mensuales entre 2020 y 2021 consolidó una emergencia prolongada.

El aislamiento occidental abrió paso a nuevas potencias que ocuparon el vacío. China otorgó préstamos por más de 67.000 millones de dólares sin mayor supervisión; Rusia mantuvo participación petrolera estratégica; Irán intercambió gasolina por oro, según documentos publicados por Reuters; Turquía recibió 23 toneladas de oro venezolano en 2018. Ninguna de estas alianzas buscó la estabilización institucional o social del país: todas respondieron a intereses propios y profundizaron la dependencia del gobierno hacia actores cuyo respaldo tiene costos estratégicos.

Tras estas dos décadas de deterioro interno y presión externa, lo que existe hoy en Venezuela es un sistema fragmentado donde ningún actor controla el conjunto, pero todos controlan una parte suficiente para impedir que otros reconfiguren el país. La Fuerza Armada ya no opera como una institución vertical, sino como un conglomerado con intereses propios y presencia en ministerios, empresas públicas, puertos, minería y corredores económicos informales. Organizaciones como Control Ciudadano y Transparencia Venezuela documentan que más de mil seiscientos militares ocupan cargos civiles y administran decenas de empresas estatales.

En paralelo, el territorio se ha dividido en regiones donde la soberanía es una construcción híbrida. En el Arco Minero del Orinoco conviven guerrillas colombianas, sindicatos ilegales, pranes y facciones militares que administran áreas donde el Estado no ejerce autoridad plena. Investigaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estiman que el ELN obtiene hasta 60% de su financiación de la minería venezolana. FundaREDES ha documentado presencia del ELN en municipios de Bolívar, mientras Insight Crime registra operaciones de disidencias de las FARC en Yapacana, Amazonas.

En las fronteras, la gestión de trochas, contrabando y control urbano se basa en acuerdos pragmáticos entre autoridades locales, bandas criminales y grupos armados transnacionales. Human Rights Watch confirma presencia del ELN en múltiples municipios de Apure, Táchira y Zulia. Informes de la ONU señalan episodios de tolerancia o colaboración selectiva entre militares y grupos irregulares.

Caracas funciona como una isla relativamente estable sostenida por remesas —que superan los 4.200 millones de dólares anuales según Ecoanalítica—, importaciones sin aranceles y capital privado. Pero esa vitrina no representa la realidad del país: fuera de la capital persisten los apagones crónicos, el colapso hídrico, la informalidad generalizada y una pobreza estructural que no se ha resuelto con la dolarización de facto.

La Venezuela actual no es un Estado colapsado en el sentido clásico, sino un Estado reconfigurado en múltiples capas donde la autoridad se reparte y se negocia. El gobierno mantiene legitimidad formal pero carece de capacidad operativa plena. Los militares administran economías paralelas que los convierten en actores indispensables. Los grupos irregulares ejercen funciones equivalentes a las de un poder de facto en amplias regiones. Las potencias externas influyen en decisiones estratégicas que deberían ser soberanas.

Ninguna de estas fuerzas controla Venezuela en su totalidad, pero ninguna puede ser removida sin desatar una inestabilidad mayor. Ese equilibrio frágil explica por qué el país permanece atrapado en una misma dinámica: no es que alguien gobierne realmente, sino que nadie puede permitir que el sistema se modifique.

La fragmentación del poder en Venezuela no fue un diseño deliberado, sino el resultado inevitable de un Estado vacío por dentro, presionado desde fuera y abandonado allí donde dejó de existir. El país funciona, pero lo hace bajo una lógica de negociación perpetua entre fuerzas que se sostienen entre sí sin cohesión real.

No es un país sin poder: es un país con demasiado poder disperso.

Y allí radica la advertencia: cuando la lucha por el poder se convierte en el único proyecto compartido, la fragmentación deja de ser un problema y se convierte en destino inevitable.