Producción televisiva vs. evidencia forense: el problema del caso Calarcá
- leonoticias24
- 25 nov 2025
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Leonardo Bermudez - Leo Noticias26 de noviembre, 2025
El especial de Noticias Caracol sobre presuntos vínculos entre funcionarios del gobierno y disidencias presenta acusaciones graves sin verificación forense, inconsistencias cronológicas documentadas, y una filtración ilegal que nadie investiga.
El 23 de noviembre de 2025, la noche del sábado, Noticias Caracol emitió un especial que sacudió al país. Chats, correos, cartas y documentos incautados hace más de un año supuestamente revelan vínculos entre el general Juan Miguel Huertas —actual jefe del Comando de Personal del Ejército— y Wilmer Mejía —alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia— con las disidencias de alias Calarcá.
Las acusaciones son devastadoras: facilitación de movilidad para guerrilleros con orden de captura, reuniones secretas en Bogotá para acordar "pactos de no agresión", propuestas para crear empresas de seguridad fachada, y acceso a información clasificada que permitió a las disidencias esquivar operativos militares. Noticias Caracol afirma haber trabajado "casi un año" en la investigación, analizando archivos y cotejando fuentes.
Pero entre el impacto mediático y la realidad verificable hay una brecha que nadie está cerrando. Los documentos presentados son screenshots con overlays de producción televisiva, sin metadata verificable. Las fechas no cuadran con registros oficiales. Y el material —que debería estar bajo reserva sumarial— fue filtrado sin que nadie explique cómo ni por qué. Más grave aún: la Fiscalía lo tuvo en su poder durante 486 días sin investigar, hasta que apareció en televisión nacional dos días después de que el presidente Petro denunciara una conspiración para vincularlo con el narcotráfico.
Las acusaciones: qué dicen los documentos sobre Huertas y Mejía
Los archivos presentados por Caracol señalan específicamente al general Huertas y a Wilmer Mejía. Según reporta el canal, en una carta fechada el 8 de febrero de 2024, un emisario de las disidencias relata a Calarcá una reunión con Huertas en Bogotá. "El hombre me dio buena confianza y nos propuso montar una empresa legal de seguridad", describe el documento. La propuesta incluía que Huertas gestionaría permisos para portar armas legalmente, mientras las disidencias aportarían "los muchachos y las armas". El objetivo: crear una fachada legal para movilizar guerrilleros con órdenes de captura.
Un presunto miembro de las disidencias entrevistado por Caracol —bajo anonimato— afirma que tanto Huertas como Mejía habrían servido como "puentes" entre la estructura armada y el Estado. A Mejía, según este testimonio, lo apodan "el Chulo" porque facilita contactos con "chulos" (oficiales del Ejército). El testimonio describe reuniones en Bogotá donde habrían participado mandos militares vestidos de civil para coordinar un "pacto de no agresión" en zonas como Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar.
Los documentos también mencionan que Mejía y Huertas viajarían juntos a Venezuela para obtener información sobre la muerte de un guerrillero. "Él es el general que acompañará a Wilmar el día que vayan a darle las pruebas", dice una de las comunicaciones. Catorce fuentes consultadas por Noticias Caracol —identificadas como miembros de la DNI, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas— señalan a Mejía como "el verdadero poder en la Dirección Nacional de Inteligencia", con capacidad para decidir traslados, ascensos y destituciones de oficiales.
Ambos, Huertas y Mejía, niegan las acusaciones. Huertas publicó un comunicado el 24 de noviembre calificando todo como un "montaje orquestado". Mejía, según declaraciones del director de la DNI Jorge Arturo Lemus a Blu Radio, le dijo estar "muy achantado por todo lo que le habían inventado".
El problema: nada de esto está verificado forensemente
Las acusaciones son graves. Si son ciertas, merecen todo el peso de la justicia. Pero hay un problema fundamental: ninguno de los documentos presentados por Caracol ha sido verificado con estándares forenses básicos.
Los materiales mostrados en televisión son screenshots —fotografías de pantallas— con elementos de producción añadidos: logos del canal, marcadores "EN VIVO", timestamps de la transmisión (no de los documentos), overlays gráficos que resaltan texto específico, y split screens con fotos de los señalados. Esto no es evidencia forense. Es contenido editorial con producción gráfica.
Un screenshot pierde toda la información crítica para verificar autenticidad: metadata EXIF (fecha, hora, dispositivo, ubicación), historial de ediciones, contexto digital completo, y cadena de custodia documentada. Con herramientas gratuitas disponibles online, cualquiera puede fabricar screenshots falsos de WhatsApp o documentos oficiales en minutos. Por esto, ningún tribunal acepta screenshots como evidencia primaria sin corroboración masiva adicional.
Cuando WikiLeaks publicó 251,287 cables diplomáticos en 2010, lo hizo junto con The Guardian, The New York Times y Der Spiegel. Publicaron archivos digitales originales con metadata completa, permitiendo verificación independiente. Cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló los Panama Papers en 2016, 400 periodistas trabajaron un año verificando con software forense cada documento, y publicaron una base de datos searchable. Esos son los estándares para acusaciones extraordinarias.
Caracol no publicó archivos originales. No documentó verificación forense. No explicó su metodología. No mostró limitaciones del análisis. Solo presentó screenshots en un especial televisivo y pidió que confiáramos.
Las inconsistencias: fechas que no cuadran con la realidad
Más allá de la falta de verificación forense, hay inconsistencias documentadas en las fechas y hechos presentados.
Los documentos de Caracol mencionan una reunión del 8 de febrero de 2024 donde Wilmer Mejía habría participado con emisarios de Calarcá. Pero según el comunicado oficial de la DNI publicado por El Heraldo, Mejía "ingresó a la entidad el 10 de mayo de 2024 como agente de inteligencia, y posteriormente fue designado Director de Inteligencia el 20 de febrero de 2025". Si ingresó en mayo, los hechos de febrero ocurrieron antes de que fuera funcionario del Estado.
Sin embargo, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, contradijo esto en entrevista con Blu Radio, afirmando que Mejía "ingresó a la entidad durante la dirección de Alberto Casanova, entre octubre y noviembre de 2023". La contradicción es oficial: octubre 2023 según el director, mayo 2024 según el comunicado escrito. En cualquier caso, la propia DNI reconoce en su comunicado que "los señalamientos realizados por los medios de comunicación refieren que estos habrían ocurrido antes de su vinculación a la DNI".
Esta inconsistencia no es menor. Si los hechos ocurrieron cuando Mejía era civil, no representan vínculos institucionales del gobierno con disidencias.
Si ocurrieron después de su ingreso, las fechas de la propia DNI no cuadran con los documentos. Y si la DNI no puede aclarar cuándo ingresó uno de sus funcionarios clave, hay un problema de transparencia institucional grave.
Sobre los “gestores de paz” hay otra inconsistencia central. La libertad de los capturados en julio de 2024 se justificó con el argumento de que hacían parte del proceso de paz y que, según el oficio de la fiscal general, no podían ser detenidos en esas condiciones. Sin embargo, solo dos de ellos —alias Firu y alias Oliver González— tenían resoluciones oficiales del Alto Comisionado que los acreditaban formalmente como gestores de paz. En el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, los medios reportan que su liberación se ordenó bajo ese mismo paraguas, pero no existe, hasta hoy, ninguna resolución presidencial o del Alto Comisionado que lo nombre gestor de paz. Es decir: fue tratado de hecho como si estuviera cobijado por la política de paz total, pero no hay un acto administrativo público que lo acredite jurídicamente como gestor de paz.
La filtración ilegal que nadie investiga
El material que Caracol presentó estaba bajo reserva sumarial y cadena de custodia. Solo fiscales, jueces, defensores, Ministerio Público y peritos autorizados podían acceder. Extraer ese material del círculo autorizado puede constituir una vulneración de la reserva penal. Caracol no explica cómo lo obtuvo ni quién se lo entregó.
Incluso en escenarios donde un medio recibe una filtración, existen dos rutas éticas posibles:
1. No publicar hasta tener verificación sólida, solicitando archivos digitales originales, aplicando auditoría forense, contrastando fuentes independientes y documentando autenticidad; o
2. Publicar con transparencia total sobre limitaciones, explicando exactamente qué se tiene, qué falta, qué no fue posible verificar y por qué, informando al público que el material no constituye evidencia técnica concluyente.
Caracol no hizo ninguna de las dos. Presentó screenshots editados para televisión como si fueran documentos verificados, sin explicar limitaciones, sin mostrar metodología y sin divulgar estándares técnicos de autenticación. Cuando las acusaciones son extraordinarias —vínculos entre funcionarios del Estado y grupos armados ilegales— el rigor debe ser proporcional. Caracol tomó la dirección contraria: acusaciones extraordinarias sustentadas en verificación ordinaria. Eso no es periodismo de investigación. Es periodismo de impacto sin rigor técnico.
El timing que genera más preguntas
El 21 de noviembre de 2025, el Gobierno reconoció como negociador de paz a alias Samir, una decisión confirmada por fuentes oficiales citadas por Cambio Colombia y replicada por otros medios nacionales. La designación generó controversia pública debido a los señalamientos existentes sobre su presunta participación en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi. Sin embargo, el texto completo de la resolución ejecutiva no ha sido publicado en el Diario Oficial ni en los canales gubernamentales habituales, por lo que no se conocen de manera íntegra las condiciones, alcances o limitaciones del nombramiento. Lo verificable es que la confirmación provino de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aunque el acto administrativo aún no está disponible para consulta pública.
Cuarenta y ocho horas después, la noche del 23 de noviembre, Noticias Caracol emitió su especial televisivo sobre los archivos atribuidos a Calarcá. Y al día siguiente, el Ministerio de Defensa anunció una investigación interna. La proximidad de estos eventos no prueba coordinación alguna, pero sí plantea interrogantes legítimos sobre las razones editoriales y procesales que llevaron a que un material reservado reapareciera precisamente ese fin de semana, luego de más de un año sin novedades públicas.
Caracol afirma haber trabajado “casi un año” en la investigación. Si el contenido estaba disponible desde julio de 2024, queda abierta la pregunta —estrictamente periodística— de por qué no se publicó antes o después, y qué factores influyeron en la decisión editorial de emitir el especial justo en ese momento. Estas preguntas no buscan insinuar intencionalidad, sino subrayar la importancia de que el público comprenda el contexto y el proceso detrás de una publicación de alto impacto.
Lo que sí sabemos con certeza
Algunos hechos son verificables más allá de cualquier duda. El 23 de julio de 2024 el Ejército detuvo una caravana en Anorí con armas, $60 millones en efectivo, chalecos antibalas y más de 100 dispositivos electrónicos. La fiscal Camargo ordenó liberación inmediata. Algunos liberados —Firu y Oliver— sí tenían resoluciones como gestores de paz. Calarcá no. El gobierno sí estaba en proceso de paz activo con el EMC en ese momento, con cese al fuego vigente. El proceso colapsó meses después, resultando en bombardeos contra el EMC.
También es verificable que la propia DNI admite inconsistencias cronológicas sobre Mejía. Que los documentos presentados por Caracol no tienen metadata verificable. Que el material estuvo 486 días sin investigación pública. Y que ser "gestor de paz" no autoriza portar armas —se necesita salvoconducto del Ministerio de Defensa o decreto presidencial explícito, y ninguno de los liberados lo tenía.
Lo que NO es verificable: que los documentos sean auténticos, que Huertas participara en reuniones ilegales, que Mejía negociara con el EMC cuando era funcionario, que Calarcá tuviera vínculos oficiales con el gobierno, o que la filtración fuera autorizada.
Conclusión: la forma de la evidencia importa
Si los funcionarios señalados tienen vínculos con grupos armados ilegales, eso debe investigarse con todo el rigor de la ley. Las acusaciones son demasiado graves para ignorarlas. Pero precisamente porque son graves, la evidencia debe ser sólida.
El periodismo de investigación serio no se construye con producción televisiva. Se construye con archivos verificables, metadata preservada, cadena de custodia documentada, verificación forense independiente, y transparencia metodológica. Cuando The Guardian publicó los cables de WikiLeaks, cualquiera podía descargar los archivos y verificarlos. Cuando el ICIJ publicó los Panama Papers, pusieron la base de datos online para verificación independiente.
Noticias Caracol presentó screenshots con overlays gráficos en un especial de televisión. Eso es contenido editorial de alto impacto. No es evidencia forense verificable.
El escándalo más grande no es necesariamente lo que está en los archivos. Es que nadie pueda verificar si son auténticos, cómo se obtuvieron, por qué la Fiscalía no los investigó durante 486 días, por qué aparecieron exactamente este fin de semana, y quién cometió el delito de filtrarlos.
Porque en periodismo, como en justicia, la forma de la evidencia importa tanto como su contenido. Y screenshots no son evidencia. Son fotografías de pantallas. Nada más. Nada menos.
Nota editorial: Este análisis se enfoca en estándares de verificación periodística y consistencias documentales, no en la veracidad o falsedad de las acusaciones. Si las acusaciones son verdaderas, los responsables deben ser investigados con el máximo rigor. Precisamente por eso, la evidencia debe cumplir estándares forenses sólidos. La justicia no se construye con producción televisiva. Se construye con rigor técnico.
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